Una empresa resultó afectada patrimonialmente por un monto de cuatro millones 640 mil pesos, luego de que tres personas que fueron imputadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), ofrecieron acciones a cambio de invertir en el proyecto de un centro radiológico que no se construyó.

En audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación imputaron el delito de fraude específico en contra de I.D.M., M.D.A. y O.G.A., y posteriormente aportaron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de los acusados, quienes finalmente solicitaron la duplicidad del término legal para resolver su situación jurídica, por lo que el Juez Primero de Control citó a las partes el ocho de agosto para continuar con la diligencia.

 Los hechos expuestos ante el Juez señalan que los tres imputados le pidieron al denunciante, quien es presidente del consejo administrativo de una empresa, recursos para la construcción de la segunda etapa de un Centro Radiológico, ubicado en la colonia García Ginerés, a cambio de acciones.

En la causa penal 168/2023 se señala que en marzo de 2019, O.G.A. se comunicó con el denunciante para indicarle que debía realizar un pago de manera urgente, pero no contaba con la liquidez en ese momento, por lo que pese a no haberse realizado una asamblea con los accionistas, convenció al denunciante para  hacer la transferencia de la cantidad mencionada a la empresa de construcción.

 Tras múltiples pretextos, en marzo de 2021 el imputado I.D.M. le dijo al denunciante que dicho proyecto no existía, hecho por el que interpuso la denuncia en contra de los acusados, que finalmente fueron imputados por la Fiscalía.

 Antes de concluir la audiencia, esta representación social expuso ante el Juez los argumentos para la imposición de medidas cautelares y tras analizarlos, se determinó que los acusados deberán portar un localizador electrónico, acudir a firmar periódicamente, no podrán salir del Estado sin autorización Judicial y deberán estar bajo el cuidado y la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, las cuales se mantendrán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.