Mérida, Yucatán 20 Marzo 2024.- El sistema de seguridad pública de Campeche, gobernado por Morena, se empieza a desmoronar, luego de que esa entidad cumplió 4 días de vivir una de las crisis más complejas de su historia, tras la toma de las instalaciones de su Secretaría de Seguridad por parte de policías estatales y municipales que exigen mejores condiciones laborales, la dignificación de su trabajo, así como la renuncia de la titular de esa dependencia, Marcela Muñoz Martínez.

Esta crisis inició luego de que varios elementos, la mayoría mujeres, resultaron heridos durante un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Los uniformados reclaman que los enviaron sin el equipo necesario, como lo son escudos y accesorios de protección adecuada, además de que el armamento con el que cuentan ya está muy viejo.

También denunciaron que la situación se complicó y puso en riesgo la vida de varios elementos porque al frente del operativo mandaron a por lo menos 30 mujeres policías, que según aclararon ante los medios de comunicación, no fueron informadas debidamente de la razón por la que fueron enviadas al penal.

Muchas de ellas fueron rescatadas por sus compañeros, luego de ver en riesgo su integridad pues fueron atacadas por los internos, aunque no pudieron evitar que varias terminaran lesionadas.

Durante la noche del lunes pasado, como parte de su comparecencia ante el Congreso del Estado, Marcela Muñoz declaró que “en un operativo policial siempre surgen problemas, es muy raro que un operativo como tal, salga limpio. Los operativos así son, así se tienen que llevar a cabo y más en los ceresos, todo tiene que ser con secrecía”.

Persiste la toma de las instalaciones y se está convocando a una marcha para este jueves en la que participarán elementos de otros municipios que también dicen trabajar en condiciones deplorables.

La realidad es que hasta el momento no existe un solo canal de diálogo oficial entre las autoridades y los policías inconformes.

Por el contrario, muchos agentes aseguran haber sido objeto de amenazas e intimidación para desistir de su movimiento de protesta bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrían ser denunciados por sabotaje, entre otros delitos.

Uno de los funcionarios exhibidos por los policías fue el Jefe del Control Interno de la Policía Estatal, Víctor Contreras, quien ha enviado mensajes a los policías inconformes para que se incorporen a sus labores y les advirtió que “quienes usurpen funciones, están fuera de la ley, con las consecuencias pertinentes”.

Por su lado, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, declaró en la última emisión de su programa “El Jaguar”, que mantendrá a Muñoz Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que las protestas de los policías en realidad tienen un trasfondo político.

Contraria a la postura de las autoridades campechanas, médicos, asociaciones de apoyo psicológico y la propia ciudadanía, han mostrado solidaridad con las y los agentes policíacos que terminaron lesionados, así como con los que mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes les llevan agua y alimentos.

Y mientras todo esto sucede, la situación de seguridad pública en Campeche sigue en franco deterioro pues de acuerdo con información obtenida en los metadatos del Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborado por el SESNSP, del 1 de enero al 30 de noviembre del 2023, fueron cometidos 9 mil 555 delitos de alto impacto en toda la geografía estatal.

Esto quiere decir que en promedio cada día que transcurrió de enero al cierre de noviembre fueron cometidos 26.17 delitos de alto impacto, entre los que están incluidos crímenes como el homicidio, tanto doloso como culposo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, la percepción de inseguridad por parte de la población en Campeche se ha incrementado de manera preocupante durante el gobierno de Layda Sansores.

Los datos estadísticos tampoco favorecen al gobierno de Campeche en cuanto a su desempeño durante los últimos años.

La medición del INEGI reveló que tan sólo a 30 días de haber asumido el cargo de gobernadora en octubre del 2021, la percepción de inseguridad se ubicó en 38.2 por ciento, en una escala del uno al 100.

Dos años más tarde, el mismo indicador alcanzó al 55.9 por ciento de la población del estado, lo que quiere decir que 55 de cada 100 campechanos, ya no se sienten seguros en su estado.